miércoles, 10 de junio de 2015

Una jueza impide investigar las cuentas de Nadine Heredia

Nadine Heredia aplaude a su esposo, Ollanta Humala. / CRIS BOURONOCLE (GETTY)

La Fiscalía investigaba fondos transferidos desde una empresa venezolana a las cuentas de la primera dama de Perú

JACQUELINE FOWKS Lima 10 JUN 2015 - 07:17 CEST

En 2009, el Ministerio Público investigó por presunto lavado de dinero a Nadine Heredia, la primera dama de Perú. La Fiscalía indagaba transferencias a sus cuentas por 220.525 dólares realizadas entre 2005 y 2009 por empresas venezolanas y compañías vinculadas al hoy preso Martín Belaunde, exasesor de su marido, el presidente Ollanta Humala. Sin que las pesquisas concluyeran, la entidad archivó el caso. Este antecedente ha llevado a que este martes una jueza aceptara un habeas corpus interpuesto por Heredia, y ordenara al fiscal que reabrió la averiguación a fines de enero abstenerse de continuar la investigación.

El período señalado por el 43 Juzgado Penal coincide con la fundación de la organización política que Heredia preside hoy y que llegó al poder en 2011. La decisión de la jueza permite a la Fiscalía seguir investigando de 2010 a la fecha.

El fiscal Ricardo Rojas alegó que en 2009 el caso fue archivado sin haberse realizado un peritaje pedido por la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, para verificar que el dinero procedía de las empresas declaradas por la esposa del presidente Humala. Además, Venezuela tampoco respondió sobre el origen del dinero depositado en las cuentas de Heredia.

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A fines de mayo, la prensa peruana reveló datos del expediente fiscal, que registra depósitos desde el año 2005 hechos por otra empresa venezolana, Kaysamak, por más de 86.000 dólares a cuentas de la madre de la primera dama y de una de las mejores amigas de Heredia, la misma que le dio una tarjeta de crédito extendida. Ambas hicieron numerosos depósitos a la primera dama peruana posteriormente.

Heredia fundó con su esposo en 2006 el Partido Nacionalista Peruano, pero no presentó entonces en las cuentas de la organización política los montos procedentes de Kaysamak. En su descargo de la primera semana de junio en su cuenta oficial en Facebook dijo: “Esos montos existieron, pero es necesario señalar que esos depósitos fueron hechos en el 2005 cuando NO éramos partido político, fueron hechos como una donación particular para la formación del proyecto político que estábamos gestando con Ollanta”.

La primera dama cuenta para este caso con dos destacados abogados penalistas: Aníbal Quiroga y Eduardo Roy Gates. Este último, exasesor jurídico del presidente y exdefensor de familias acusadas por lavado de dinero entre 2009-2010 e investigadas por la DEA y la policía antidrogas en México y Perú.

El domingo 31 de mayo, un canal de televisión reveló que la primera dama había gastado en 18 meses más de 38.000 dólares en vestimenta, joyas y objetos de decoración comprados durante viajes oficiales. El pago fue hecho con la tarjeta de crédito extendida de su amiga y testigo de bodas, Rocío Calderón, alta funcionaria del Estado desde la llegada de Humala al poder.

Los montos sorprendieron a la opinión pública, especialmente a la oposición, el Partido Aprista y el fujimorismo, porque Heredia no tiene otro trabajo y porque la primera dama, según su eposo, colabora con el Gobierno sin remuneración. El abogado Roy indicó días después en una entrevista en televisión que Heredia percibe un ingreso de 1.900 dólares como presidenta del Partido Nacionalista Peruano. Sin embargo, los medios limeños no han encontrado que dicho partido haya registrado personal remunerado ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entidad dirigida por una prima de la primera dama.

La mayoría de expertos entrevistados por la prensa limeña coincide en que la investigación fiscal no presenta indicios de procedencia ilegal del dinero y, por lo tanto, no probará el lavado de activos. Sin embargo, los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia y César Azabache, encuentran otros posibles delitos como defraudación tributaria, incremento patrimonial no justificado, o contrabando.

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