BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Bruselas 11 AGO 2015 - 11:16 CEST
El Gobierno griego ha anunciado este martes que ya hay acuerdo sobre el tercer rescate con los acreedores, estimado en 86.000 millones de euros. Así lo ha confirmado esta mañana el ministro de Finanzas heleno, Euclidis Tsakalotos, tras toda la noche de negociación, aunque ha matizado que "aún quedan dos o tres pequeños asuntos" por cerrar. La Comisión Europea —el brazo Ejecutivo de la UE— se ha limitado a anunciar que hablará sobre el tema "al medio día".
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Fuentes del Gobierno griego aseguran que no habrá un segundo crédito puente -como pretendía Alemania y rechazaba el ala dura de Syriza, el partido del Gobierno griego-, sino un tercer rescate que han cifrado entre 82.000 y 86.000 millones. La sensación en el Gobierno griego es que el pacto alcanzado hoy con los acreedores superará la votación en el parlamento griego, previsiblemente el jueves.
Grecia necesita unos 86.000 millones de euros para remontar su economía y para seguir en la eurozona. Sin casi liquidez en las arcas públicas, Atenas necesita imperiosamente 3.500 millones antes del 20 de agosto para cumplir uno de los plazos que mantiene con el Banco Central Europeo (BCE), uno de los integrantes del llamado cuarteto de acreedores, junto con la Comisión, el FMI y el Mede (Mecanismo europeo de Estabilidad).
Bruselas espera ahora que Atenas lleve al Parlamento heleno este jueves las condiciones del rescate y, tras el voto a favor de la Cámara, convocar un Eurogrupo —la reunión de los 19 ministros de Finanzas de la zona euro— el viernes de esta misma semana. Fuentes del Ejecutivo comunitario advirtieron ayer de que el calendario sería aproximado y que la reunión del club del euro, a quien compete aprobar por unanimidad las condiciones del acuerdo, podría ser tanto presencial como por teleconferencia. Los Parlamentos nacionales, especialmente el alemán, deberán también votar estos días sobre la viabilidad de este tercer programa.
El acuerdo final incluye, según la prensa local, una treintena de acciones prioritarias que el Gobierno griego deberá implementar para acceder a la línea de liquidez. Estas acciones consistirían, entre otras cosas, en la eliminación de la jubilación anticipada, el retiro de exenciones tributarias para las islas a finales de 2016 —una de las históricas líneas rojas del Gobierno de Syriza— la desregulación del mercado de energía y la creación del fondo de activos estatales que, según avanzó EL PAÍS el pasado fin de semana, tendría un valor de 50.000 millones de euros a un horizonte de 30 años.
El acuerdo definitivo sobre el tercer rescate de Grecia debía llegar estos días a su final. Las partes llevaban sentadas en la mesa de negociación desde finales de julio. De un lado, el Gobierno heleno, con el ministro de Finanzas al frente; del otro, el cuarteto de acreedores. Ambas partes analizaron este lunes "línea a línea" sus respectivas propuestas, según fuentes del Ejecutivo comunitario, para poder cerrar el martes el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), en el que se reflejarán las condiciones del tercer rescate millonario.
El tiempo vuela y tanto Bruselas como Atenas quieren cerrar dos documentos clave para seguir adelante: el MoU, que se refiere a lo relativo al tercer rescate, y una lista de unas 35 medidas inmediatas —o prioritarias— que debe implementar el Gobierno de Alexis Tsipras antes de que haya luz verde al rescate. Está aún por ver si esas acciones incluyen el impuesto de la renta, la modificación del régimen fiscal agrario, la desregularización de algunas profesiones ("profesiones cerradas", en griego) y la apertura de los comercios en domingo, aunque es muy propable que exista alguna mención.
Aún se desconoce si Grecia tendrá que aceptar un segundo crédito puente para hacer frente al pago más o menos inmediato al BCE de 3.500 millones que vence el próximo día 20. Si se confirma el acuerdo, parecería no ser necesario, a pesar de la insistencia del ministro de Finanzas aleman, Wolfgang Schäuble.
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