viernes, 14 de agosto de 2015

La pérdida de poder regional fuerza al PP a suspender las reválidas

El ministro Méndez de Vigo en la conferencia sectorial. / ULY MARTÍN

REFORMA EDUCATIVA »

Educación va a aparcar el decreto que las regula para abrir "un proceso de diálogo"


Doce autonomías dan una fórmula "legal" para frenar la LOMCE


PILAR ÁLVAREZ Madrid


El cambio del mapa político que ha dejado al PP en minoría en las autonomías le ha forzado a hacer concesiones también en materia educativa. Uno de los puntos más polémicos y rechazados de la reforma educativa (LOMCE), que el curso que viene llega a secundaria y bachillerato, son las reválidas. El Ministerio de Educación va a aparcar el decreto que las regula, pendiente de aprobación, para abrir “un proceso de diálogo” con los nuevos Ejecutivos autónomos. “Creo que las evaluaciones están bien planteadas pero quiero escuchar a los demás y a la comunidad docente”, afirmó este jueves el ministro Méndez de Vigo.

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El Gobierno ha aprovechado el cambio de caras en el Ministerio de Educación para intentar dar un giro a su imagen y su política educativa. Tras el abandono del contestado ministro José Ignacio Wert, que salió del Ejecutivo por motivos personales y acaba de ser nombrado por el Gobierno embajador de España ante la OCDE, el nuevo titular ha recibido uno a uno a todos los consejeros en el último mes. El nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, prometió “flexibilidad” en la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora Educativa (LOMCE). Este jueves convocó a todos los consejeros en su primera reunión sectorial. El último punto del orden del día trataba sobre la LOMCE y las reválidas, cuyo borrador de decreto fue presentado a las comunidades autónomas ya el pasado abril.

La LOMCE prevé pruebas externas en sexto de primaria para 2016, y reválidas en secundaria y bachillerato en 2017, cuando la reforma debería estar ya implantada totalmente en estos ciclos. En los borradores de decreto, se señala que sean exámenes tipo test y con un peso en la nota final del alumno de hasta el 40%. La prueba de bachillerato sustituye además a la actual selectividad.

Cataluña pide derogar la ayuda para estudiar en castellano

La consejera de Educación catalana, Irene Rigau (Convergència), forma parte del bloque de comunidades que exigen la paralización de la LOMCE. Antes de asistir a la sectorial de este jueves, Rigau pidió que se aplique “un frenazo” en el calendario de aplicación. Cree que el plazo de tres años para toda su implantación es “una precipitación”. Pero también llevaba en su lista de peticiones una cuestión que se incluyó en la ley educativa pensando expresamente en Cataluña y que la consejera quiere que se retire. Una de las disposiciones de la LOMCE prevé que se subvencione con hasta 6.000 euros anuales la plaza en colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la concertada. Así se buscaba blindar el uso del castellano como lengua vehicular en la educación.

El ministro de Educación y la consejera catalana mantendrán una reunión bilateral para analizar el impacto de la medida, según dijo Rigau al final de la sectorial. En febrero, según el último dato disponible, había 362 solicitudes de la ayuda en el ministerio. La Generalitat solo reconoció 19. No se sabe cuántas han sido concedidas. Rigau señaló que ha habido “mucha literatura” con este asunto pero “muy pocas” peticiones, aunque tampoco aportó nuevos números. Los Presupuestos para 2016 reducen en un 80% la partida con la que se paga esta escolarización. Así, solo destinan un millón de euros para pagar esta enseñanza, frente a los cinco millones que se destinaron en el último ejercicio.

La propuesta que ahora pone el PP encima de la mesa, según fuentes consultadas por este periódico, es aprobar el decreto con el examen de primaria previsto en 2016 y dejar abierto a discusión los otros dos para los que aún queda un año de plazo.

La mayoría de los partidos parlamentarios (PSOE, IU, CiU, PNV, UPyD y parte del Grupo Mixto) presentaron en mayo pasado una moción en el Congreso de los Diputados para que se retirara el decreto y se abriera un “proceso de diálogo” con los grupos políticos y la “sociedad civil”. Y esa misma idea es la que impregnó este jueves la propuesta de los populares.

Dos de los cinco consejeros del PP, los de Galicia y Castilla y León se mostraron partidarios de una revisión de las reválidas antes de la reunión sectorial. “La ley plantea unos márgenes como los decretos de evaluaciones”, avanzó el titular gallego, Román Rodríguez. El consejero de Castilla y León, Fernando Rey, señaló que se “afinará” en su diseño. Y añadió que espera hacer que haya “espíritu de diálogo, que no ha sobrado hasta este momento”. “Lo que veo ahora en el nuevo equipo del ministerio es un cambio radical de actitud que creo que hay que saludar”.

La oposición ha reclamado de forma insistente la retirada de los decretos, pero no lo considera suficiente. De hecho, horas antes de la sectorial, las 12 comunidades no gobernadas por el PP presentaron una propuesta de máximos: frenar la LOMCE. Anunciaron que pondrían sobre la mesa del ministro fórmulas para intentar paralizarla “con todas las garantías jurídicas necesarias y preservando siempre el interés del alumnado”.

Rechazo de la LOMCE

“Suponemos que el ministro ya sabe que en estos momentos y a pocas semanas de comenzar un nuevo curso escolar, no podemos perder el tiempo, nuestras comunidades educativas no nos lo perdonarían. Estamos obligados a garantizar el derecho a la educación y estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación”, señaló como portavoz la consejera de Andalucía, Adelaida de la Calle (PSOE).

De la Calle recordó que, tras las elecciones autonómicas de mayo, son “muchas más las comunidades” que comparten el rechazo a la LOMCE. El comunicado estaba respaldado por las siete comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana (junto a Compromís), más las de Canarias (CC-PSOE), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV).

El calendario de aplicación de la LOMCE está incluido en el articulado de la ley. “Se hizo consciente y deliberadamente para evitar lo que finalmente ha terminado pasando: nadie quiere asumir como propia una ley que fue hecha sin la más mínima voluntad de diálogo y que fue aprobada sin consenso”, dijo De la Calle.

Las regiones contrarias a la reforma educativa consideran que la disposición que incluye ese calendario en la ley puede ser derogada con “garantías jurídicas” aprovechando otras normativas.

Gasto para libros y plan contra el acoso

Además de la LOMCE, el ministro y los consejeros trataron el reparto de la partida para libros de texto. El Gobierno ha recuperado las ayudas estatales a material escolar, con 24 millones en 2014 y otros tantos en 2015 para las comunidades autónomas, destinados a las familias con menos recursos y las familias numerosas. Los fondos se reparten en función del número de alumnos y la tasa de riesgo de pobreza. Las ayudas estaban ligadas inicialmente a materiales relacionados con la implantación de la LOMCE, pero en la reunión de este jueves se anunció que se ampliaría a toda la educación obligatoria, según confirmó la consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez. La titular aragonesa protestó, no obstante, de que a su región le correspondan solo 900.000 euros.

El ministerio retomó una propuesta lanzada por el exministro Wert y ofreció que se consensúe un plan de convivencia escolar “que permita la elaboración de protocolos y planes de buenas prácticas” contra el acoso escolar. Prevé convocar a las comunidades en octubre. También se presentó el mapa de empleabilidad de la FP, una guía elaborada por primera vez por el ministerio cruzando datos propios con datos de Empleo.

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