sábado, 31 de octubre de 2015

De la guerra de Colombia al olvido

Un grupo de desplazados, en Soacha, ante Bogotá. / CAMILO ROZO

La mayoría de desplazados por el conflicto malvive en las afueras de la capital, en asentamientos precarios y apenas sin ayudas

La vida desde la montaña, por CAMILO ROZO

SALLY PALOMINO Bogotá 31 OCT 2015 - 02:00 CET


Se cansaron de esperar. Más de 300 personas desplazadas por la violencia tomaron un edificio en el centro de Bogotá. Asomados por las ventanas, exigieron al Gobierno ayuda. Ocurrió el 21 de septiembre. La escena repetía lo que 11 días antes paralizó la terminal de vuelos nacionales. Allí, 500 personas en las mismas condiciones reclamaban atención. En ambos casos dijeron sentirse invisibles. En una ciudad con más de siete millones de habitantes, según cifras del Distrito, al menos 649.000 llegaron huyendo de la guerra en sus regiones. Sin pensarlo, algunos terminaron casi como indigentes en la capital colombiana, en un país en el que el conflicto, de más de medio siglo, ha dejado cerca de ocho millones de víctimas, de las que al menos siete millones fueron desplazadas por la violencia.

Encontrar en cualquier esquina a familias pidiendo dinero con un cartel en el pecho que indica que son desplazados es parte del panorama de los bogotanos. Las ayudas que el gobierno de la capital ha dado y que según la Alta Consejera de víctimas del distrito, Ana Teresa Bernal, están cerca de los 340 millones de dólares en educación y salud, principalmente, parecen no ser suficientes. Por eso, el municipio de Soacha, en la periferia al sur de la ciudad, es el refugio de quienes no tienen nada.

A Sandra Castro le dieron un día para abandonar su finca. Vivía en Putumayo, en el sureste del país. Era agricultora y la obligaban, con violencia, a dar una cuota mensual a grupos armados. Pagar una extorsión, como una obligación más. Ella y su esposo cumplieron hasta que el monto aumentó y superó sus ganancias. “Les dijimos que no teníamos cómo pagar y la respuesta fue darnos unas horas para irnos”. Ella ya había visto cómo cumplían su palabra. Sabía que si no se iban, los matarían. La historia la cuenta desde Altos de la Florida, una urbanización ilegal del municipio de Soacha, ubicada en una montaña, desde donde se ve Bogotá. Ahí encontró el techo que le fue esquivo en la capital tras tener que abandonar su finca.

Chatarra y cartón

Metros más arriba está Ana Estrada. Su casa se sostiene con palos de eucalipto. Sabe que allí existe riesgo sísmico y de deslizamiento de tierra, pero no tiene miedo. “Miedo tuve cuando empecé a ver que donde vivía nos mataban por todo”, dice. Ella habla de sus últimos días en Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico. “Esperé que fuera de noche para irme”, cuenta. En dos bolsas de basura empacó lo que pudo. Ropa y elementos de aseo. Antes de que la delincuencia le hiciera salir huyendo, vendía dulces frente a una escuela y tenía una vivienda, de ladrillo y cemento. Ahora es recicladora y su rancho apenas se mantiene en pie.

Aunque su nombre aparece entre las seis millones de personas desplazadas actualmente en el país, según el Registro Único de Víctimas, los subsidios que recibe apenas le alcanzan. “Reciclo. La chatarra y el cartón es lo que más da. De eso vivo”, dice. Lo hace en Bogotá, a una hora de su casa, por la que paga mensualmente 50 dólares. Buena parte de las más de 2.000 personas (al menos 900 familias) que viven en su mismo barrio improvisado compran cada semana 2.000 litros de agua por 10 dólares. No tienen acceso a servicios básicos. “Aprendimos a valorar cada gota de agua”, dice Leonardo Narváez, un exsoldado del Ejército que después de varios años de haber dejado las filas aún lleva puesta una chaqueta de camuflaje. Le faltan los dedos de la mano derecha, que enseña para hablar del drama del desplazamiento.

“Cuando llegué a Bogotá, hace 12 años, nadie me daba trabajo. Me miraban mal. No tenía dónde vivir. Dejé el Ejército, mis cerdos y mis vacas. Todo lo que tenía. Las FARC me sacaron con miedo”. En un desalojo, perdió los dedos. “Usaron la fuerza para sacarnos y quedé así” dice. “Ahora, a pesar de todo, vivo feliz, acá nadie me rechaza y con poco dinero hay techo y comida”.

En Soacha, instancias como Acnur acompañan a la población desplazada, que supera el 40% de quienes viven allí. Una escuela y otras acciones bajo el programa Construyendo Soluciones Sostenibles han favorecido un proceso de reparación y de visibilidad de los desplazados, al menos ahí en esas montañas desde donde se ve Bogotá.

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