lunes, 14 de noviembre de 2016

Las cuentas pendientes de la agenda de Derechos Humanos

La presidenta Bachelet promulgó la ley que tipifica el delito de tortura. Hasta ahora se hablaba de tormentos, eludiendo en los fallos judiciales lo que hubo detrás de actos atroces. Se aumentan las penas y compensaciones, pero todavía quedan asuntos por atender.

Por Equipo Cambio21


En una emotiva ceremonia la presienta Bachelet promulgó la ley que tipifica el delito de tortura. La nueva normativa fortalece la investigación judicial sobre casos particulares, aumentó las penas en contra de los responsables e instaura una compensación a la víctima o sus familiares.

"Este nuevo cuerpo legal establece una pena que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público o por particulares en funciones públicas, o instigados o con consentimiento de un empleado público", explicó la presidenta en La Moneda, donde además recordó el caso de militares torturados en la Academia de Guerra.

En caso de que se trate "de apremios ilegítimos o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no califiquen como torturas, las penas pueden llegar a 5 años de presidio (y) si en conexión con la tortura se producen otros delitos, como homicidio o violación, la ley entonces en esos casos establece penas más graves, las que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado".

Sin retroactividad

Proyecto que estaba en la agenda de Derechos Humanos de la presidencia desde su época de campaña y que fue celebrado por sectores de defensa de los DD.HH. Uno de ellos es el abogado Héctor Salazar, quien destacó el aumento de las condenas.

Para el jurista, "hay que saludar positivamente la modificación legal. En estos casos tratándose de leyes penales, siempre rigen a futuro y nunca retroactivamente, pero se va a transformar en un desafío a futuro contra quienes tienten caer en estas prácticas. Además, agregamos un nivel de seguridad básico de integridad física, moral y psicológica de la persona que pueda sufrir tormentos o tortura".

"Las penalidades de todos los casos que ya se han dictaminado por la justicia en este campo hubieran sido mayores. El principio de la raíz de retroactividad en la ley penal es un derecho fundamental y creo que es sano y bueno que eso quede garantizado", comentó.

Las cuentas pendientes

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, reconoció que la ley es un avance importante, pero lamentó los años que tuvieron que pasar para que se lograra y la poca evolución de otros proyectos pendientes.

"La aplicación a torturas, cuando vemos la política represiva de Carabineros, cuando vemos situaciones graves como la de la comunera mapuche que dio a luz engrillada. Es una tortura psicológica. Si la ley hubiera estado vigente, se estaría aplicando sobre ellos".

Respecto a los proyectos pendientes, Lira recuerda los de fin a la ley de amnistía, la degradación de militares condenados por violar los derechos humanos y la eliminación de la Fiscalía Militar en casos que afectan a civiles.

"Si hablamos de la anulación de la ley de amnistía, que los jueces no aplican porque en 2006 el Estado chileno fue condenado por tener esta ley que deniega la justicia", dijo Lira, apuntando al gobierno por no darle urgencia a estas iniciativas.

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